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Una de las batallas políticas, legales y
simbólicas más importantes en la trayectoria transformadora del
Movimiento de Liberación Homosexual, MOVILH Histórico en Chile,
desde su nacimiento en junio de 1991, fue la derogación del artículo
365 del Código Penal que castigaba con cárcel las relaciones
sexuales entre hombres adultos. La intensa lucha legal, social y
cultural en contra del artículo 365 del Código Penal es,
ciertamente, nuestra más señera e importante victoria comunitaria.
Una histórica conquista constitucional que este domingo 12 de julio
cumple 10 años.
PASO A PASO
El Ciudadano/Por Víctor Hugo Robles*-. En
los primeros meses de 1994 y en medio de un agitado contexto
político - cultural, el MOVILH inició su campaña pública en contra
del artículo 365, procurando la eliminación del castigo a la sodomía
consentida entre hombres adultos, una práctica que en el pasado era
conocida como pecado nefando. En primer lugar, la directiva del
colectivo inició un trabajo de intercambio de opiniones con
organizaciones de Derechos Humanos, colegios profesionales,
instituciones eclesiales, partidos políticos, medios de comunicación
y personalidades académicas, intentando ampliar el debate en torno a
un proyecto de ley presentado al Parlamento en 1993 por el entonces
Presidente de la República, Patricio Aylwin, que buscó modificar el
Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y otros cuerpos
legales en materias relativas al delito de violación.
En segundo lugar, el MOVILH a través de su
programa radial Triángulo Abierto, inició una campaña de recolección
de firmas y respaldos públicos de personalidades nacionales e
internacionales que patrocinarán la despenalización de la sodomía,
recibiendo, entre otros, el apoyo explícito de Hortensia Bussi de
Allende, José Donoso, Diamela Eltit, Ángeles Mastretta, Faride Zerán,
Hebe de Bonafini, Juan Domingo Dávila, Marcela Serrano, Raúl Zurita,
Humberto Maturana, Adolfo Pérez Esquivel, Gladys Marín y el trovador
cubano Silvio Rodríguez, quien dedicó a la campaña del MOVILH su
emblemática canción: Te molesta mi amor.
EL PROYECTO DE PATRICIO AYLWIN
La modificación al Código Penal, según señaló el
Presidente Aylwin, buscó actualizar una ley del siglo pasado para
hacerla más eficaz. Aún cuando esta problemática (la violación)
tiene un origen histórico, sus negativos efectos se han agudizado en
las últimas décadas, situación de extrema gravedad que ha sido
percibida por la ciudadanía como una materia que debe abordar
prontamente el Estado, señaló en un mensaje dirigido al Parlamento,
fechado el 3 de agosto de 1993.
El proyecto original del Poder Ejecutivo propuso modificar el
artículo 365 en su inciso segundo y tercero, relativos a la
violación sodomítica. Pero, respecto de la sodomía consentida entre
hombres adultos, contemplada en el inciso primero del artículo 365,
ni una palabra en el proyecto. En ese oportuno momento, los
diputados cómplices del movimiento homosexual no tardaron en
proponer al Parlamento lo que Aylwin había olvidado.
El entonces diputado del Partido Socialista,
Armando Arancibia -que en 1966 realizara su tesis de Licenciatura en
Derecho relativa al delito de sodomía en Chile-, presentó una moción
parlamentaria modificando la sodomía consentida. De esta manera, el
primer trámite constitucional se realizó en la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados que,
luego de una intensa discusión, acordó modificar el artículo 365 que
sancionaba el delito de sodomía (inciso primero) y el delito de
violación sodomítica (incisos segundo y tercero).
Respecto del inciso primero, acordó una
disposición nueva que sancionaría al adulto que tuviese relaciones
sexuales con un menor de 18 años de su mismo sexo, sin que mediasen
las circunstancias de los delitos de violación, estupro o abusos
sexuales, con una penalidad de presidio menor en grados mínimos a
medio, 61 días a tres años.
LA LUCHA EN LA COMISIÓN
En mayo de 1995, la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia informó de sus resoluciones a la Cámara de
Diputados, señalando los principales argumentos que se habían
debatido. Entre las distintas indicaciones al proyecto, estuvo la
más radical, que propuso derogar el inciso primero del artículo 365,
señalando la necesidad de descriminalizar aquellas conductas cuya
lesividad social era inexistente, en que no existía propiamente un
bien jurídico protegido y en el que no se alcanzaba la gravedad
suficiente que justificase recurrir al sistema represivo penal.
En apoyo a esta tesis, la comisión argumentó que
en el derecho penal contemporáneo los criterios culturales, sociales
o morales prevalecientes en un momento determinado, no pueden ser
los únicos fundamentos para incriminar determinadas conductas, menos
aún cuando no existe una víctima afectada en algún bien jurídico y
en cuanto supone más bien la participación voluntaria de dos o más
sujetos capaces. Al no constituirse un atentado contra la libertad
sexual de los sujetos, único bien jurídico merecedor de tutela
penal, se hace necesario suprimir la incriminación a estas
conductas.
El informe concluyó que una reforma del derecho
penal, con vistas a no considerar como actos criminales las
relaciones homosexuales que no atenten contra el bien común, parece
aceptable. Lo que dos individuos realicen en la esfera de su
intimidad no tiene por que ser castigado, aunque constituyera una
falta ética. De igual modo que la ley no penetra en la vida privada
de las personas heterosexuales cuyas relaciones fueran
deshumanizantes y pecaminosas, cuando no traspasan los límites del
bien común.
Por su parte, quienes se opusieron a la derogación
del artículo 365, inciso primero, argumentaron que esto plantearía
una gran cantidad de interrogantes al cuerpo social respecto de la
licitud de la homosexualidad y su negativa se fundamentó en la
necesidad de evitar una señal de que esta conducta atípica pasa a
ser una conducta común y normalmente aceptada, provocando una
alteración de la convivencia del cuerpo social con la aparición de
un homosexualismo militante, a veces agresivo, que se organiza y se
exhibe, poniendo en el banquillo de los acusados a la sociedad toda
por represiva y discriminatoria. Una homosexualidad militante que,
viendo cumplido sus objetivos, llegará a plantear diferentes
derechos civiles de los homosexuales y a la consideración jurídica
de sus relaciones anormales.
ESCÁNDALO: HOMOSEXUALES EN EL PARLAMENTO
Así las cosas, la modificación del inciso primero
del artículo 365, punto intermedio entre partidarios y opositores a
la derogación, fue causa de una ardua controversia entre los
parlamentarios de todos los sectores. En medio de la disputa se
habló de todos aquellos aspectos históricamente debatidos de la
llamada “problemática homosexual”. Incluso, en un hecho calificado
como histórico, dirigentes del MOVILH se reunieron con la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados
para expresar su parecer, generando escandaloso molestar en René
Manuel García, diputado de Renovación Nacional, transformándose en
el máximo detractor del movimiento homosexual local.
En junio de 1995, cuando todos los puntos de vista
estaban sobre la mesa y sólo restaba votar la iniciativa legal, la
Cámara de Diputados se dispuso a aprobar las enmiendas al artículo
365, incluyendo los acuerdos adoptados por la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, consistente en modificar el
castigo legal a la sodomía consentida entre hombres adultos. En este
punto se produjeron fuertes intercambios de opiniones entre los
honorables diputados y diputadas de todos los sectores políticos.
HONORABLES INTERVENCIONES
* Iván Moreira (Unión Demócrata
Independiente, UDI): Aunque en la
práctica la sodomía no lleva a la detención o condena, es una
importante señal del legislador mantener el delito, pues es una
muestra de que a la ley y por ende a la sociedad, no le es
indiferente el tema. Puede ser el inicio de una serie de otras
propuestas que, indudablemente, socavan los valores sociales y
atentan contra la familia y el bien común. Así, por ejemplo, ocurre
con el matrimonio de homosexuales, su derecho a adoptar hijos y
educarlos, como ha ocurrido en otras sociedades en que se han
aceptado las relaciones sodomíticas. En Chile, sin ir más lejos, los
homosexuales se propusieron poner el tema en la mesa de discusión,
luego solicitaron entrevistas con dirigentes políticos para plantear
su posición. Hoy se discute la despenalización de la sodomía y es
fácil saber cuál será su próximo paso. La sodomía es una conducta
anormal y antinatural.
* José Antonio Viera - Gallo (Partido
Socialista, PS): Es evidente para
cualquier persona que tenga un mínimo de nociones liberales y
democráticas, que el Estado no puede inmiscuirse en el ámbito de la
vida privada de cada cual y proteger ciertos bienes. En el caso de
la libertad sexual, habiendo pleno consentimiento entre dos
personas—puedo tener un juicio ético negativo respecto de esa
conducta—, no tiene por qué haber una sanción penal. Y cuando hay
una sanción penal, evidentemente, existe una situación de enorme
injusticia. Todos recordamos el puritanismo de la época victoriana,
cuando Oscar Wilde fue arrastrado a la cárcel, justamente por ese
tipo de imputaciones. Ninguna sociedad democrática puede considerar
delito las relaciones sexuales libremente consentidas entre personas
maduras, que no producen ningún tipo de escándalo público y no
lesionan ningún valor de bien común.
* René Manuel García (Renovación Nacional,
RN): Cuando
se quiere modernizar así, se vulneran los principios más
tradicionales de la patria. ¿Acaso Chile tiene tradición o cultura
de homosexuales? Claramente, no la tiene. Esto quiere decir que
nadie puede meterse en la vida privada, pero sí debe respetar a las
mayorías del país. Entonces, se ha puesto un tema que no tiene
importancia ni relevancia social, porque en Chile creo que ha habido
un solo condenado por sodomía. Luego; ¿para qué despenalizar las
conductas homosexuales en privado? Esto es un primer paso. Después,
a cualquier familia normal que vaya a un lugar se les puede decir;
aquí no hay delito. Tenemos consentimiento y estamos en un lugar
donde es permitido. Me daría una lata tremenda que mi hijo me
dijera: Oye papá, ¿esta es otra alternativa que tengo? ¿Esta es la
vida? ¿Por qué debo querer a una mujer y no puedo enamorarme de un
hombre? Por lo tanto, votemos en conciencia, y votemos por lo que
creemos que es lo mejor para la sociedad: proteger las buenas
costumbres, la moral y a nuestros hijos de esta lacra social que es
la homosexualidad, y así evitaremos campañas del SIDA, las
infecciones que han provocado, y todo este castigo que Dios ha
impuesto, prácticamente, a toda la comunidad homosexual del mundo.
* Fanny Pollarolo (Partido Socialista,
PS): Quiero sumarme a quienes han
planteado y defendido la despenalización de la homosexualidad. Creo
que en esto estamos siendo absolutamente coherentes con el espíritu
que anima a este proyecto, cual es proteger el derecho a la libertad
sexual. Con ello, eliminaremos una prueba de intolerancia, de
discriminación, de irracionalidad y de acientificismo que hay en
nuestra legislación. Los cambios culturales implican asumir temores
y ansiedades, pero también nos exige asumir la realidad con un
espíritu más científico, más tolerante y humanista. Por último, le
expresaría al Diputado señor García, o a quienes opinan como él, que
debiera conversar con las organizaciones de los padres de
homosexuales, porque ellos, como nadie, están dando un ejemplo de
comprensión, de humanidad y de racionalidad que todos debiéramos
imitar.
* María Angélica Cristi (ex Renovación
Nacional, RN): Si bien es cierto que la jurisprudencia
no registra procesados por el delito de sodomía consentida entre
adultos, se hace necesario mantener alguna forma de intolerancia
frente a conductas que al menos, merecen una sanción social,
básicamente como una forma de prevenir en nuestro país la aparición
de un homosexualismo militante, como ha sucedido en otros países, y
que con cierta agresividad se organiza y se exhibe, iniciándose, de
esta forma, una especie de escalada de exigencias para lograr
concesiones jurídicas de relaciones anormales. Consideramos que la
despenalización pura y simple de la sodomía dará al cuerpo social
una señal errada en cuanto a que esta conducta típica pasa a ser
correcta y por ellos, aceptada. Es necesario mantener un muro de
contención para evitar el libertinaje, como ha sucedido en otros
países.
* Sergio Elgueta (Democracia Cristiana, DC):
La ley humana no puede castigar o prohibir todas las acciones
malas, ya que al pretender evitar todos estos males, seguirá la
supresión de muchos bienes. En consecuencia, las conductas ilícitas
de los homosexuales o las lesbianas no les son propias, porque
también las pueden cometer heterosexuales. ¿Quién puede dudar que la
violación, el estupro, el incesto, los abusos deshonestos, la
corrupción de menores y el escándalo público, también pueden ser
cometidos por heterosexuales? La peligrosidad social no es conducta
propia de una minoría; por el contrario, puede involucrar a muchas
personas, independiente de que sean heterosexuales u homosexuales.
Por eso, en la comisión propusimos este precepto, con el objeto de
no penalizar conductas mínimas de homosexualismo o lesbianismo.
* Darío Paya (Unión Demócrata
Independiente, UDI): Creo que es
injusto emplear palabras e imágenes que pretenden identificar la
oposición a la despenalización de la conducta homosexual como una
suerte de persecución contra estas personas. Nadie propone
marginarlos, ni meterlos en campos de concentración, ni apuntarlos
con el dedo, pero tampoco—al menos yo—estamos dispuestos a darle
patente de normalidad a una conducta anormal, sin perjuicio de la
cantidad de gente que la pueda practicar en un momento determinado.
No es normal, temo, que los insistentes esfuerzos de algunos grupos
pequeños de activistas homosexuales por tratar de forzar a la
sociedad a aceptarlos como un grupo normal, van a producir una
reacción contraria en algunas personas, muy lamentable, pero muy
explicable, porque en este país nadie persigue a los homosexuales.
* Nelson Ávila (Ex Partido por la
Democracia, PPD, actual radical):
Suscita mi deseo de intervenir el hecho de que se
haya llevado a cabo un debate muy rico en materias sensibles,
complejas, de difícil tratamiento, y diría escabrosas, para el
ciudadano común. Felizmente, aquí no ha surgido lo que suele ser
común en este tipo de debates: el etiquetamiento y la caricatura. Me
parece que en este momento estamos haciendo un esfuerzo por
modernizar nuestra legislación. El concepto de modernización tiene
mil aristas y suscita, respecto de él, múltiples reacciones y puntos
de vista. Algunos corren con sus cabellos al viento tras la
modernización económica, pero son esclavos de sus atavismos cuando
hablamos de modernización en el plano cultural. Creo que el gran
debate que estamos inaugurando se desenvuelve en ese plano. Pienso
que reprimir el impulso sexual es algo francamente anacrónico, que
debemos superar a través de una legislación moderna.
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* Lily Pérez (Renovación Nacional, RN):
El Estado no tiene por qué entrometerse en las relaciones sexuales
entre dos hombres adultos, aunque éstas sean de carácter homosexual.
Una cosa muy distinta es la relación que puede forzar un adulto
mayor de dieciocho años a un niño, a un adolescente, a la que puedan
tener dos personas adultas, mayores de edad. Creo que ahí, el Estado
no tiene por qué intervenir, por tanto, sí soy partidaria de la
despenalización de la sodomía.
LOS VOTOS DE LOS DIPUTADOS
Finalmente, concluido el debate, el 2 de agosto de
1995, la Cámara Baja aprobó por mayoría simple la modificación al
artículo 365, inciso primero, con 33 votos a favor, 24 votos en
contra y tres abstenciones. Votaron por la aprobación los diputados
Mario Acuña (Democracia Cristiana DC), Sergio Aguiló (Partido
Socialista PS) Isabel Allende (PS), Armando Arancibia (PS), Gabriel
Ascencio (DC), Andrés Aylwin (DC), Ignacio Balbontín (DC), Sergio
Elgueta (DC), Francisco Encina (PS), Maximiano Errázuriz (Renovación
Nacional RN), Jaime Estévez (PS), Renán Fuentealba (DC), Rubén
Gajardo (DC), Tomás Jocelyn - Holt (DC), Juan Pablo Letelier (PS),
Felipe Letelier (PPD), José Makluf (DC), Sergio Morales (Radical
Social Demócrata PRSD), Alejandro Navarro (PS), Sergio Ojeda (DC),
Aníbal Pérez (PPD), Fanny Pollarolo (PS), María Antonieta Saa (PPD),
Enrique Silva (DC), Vicente Sota (PPD), Jaime Tohá (PS), Salvador
Urrutia (PPD), Samuel Venegas (PDC), José Antonio Viera Gallo (PS),
Erick Villegas (DC), Ignacio Walker (DC), Martha Worner (PPD) y
Héctor Zambrano (DC).
Votaron en contra de la modificación del inciso
primero del artículo 365, los diputados Pedro Álvarez –Salamanca
(RN), Francisco Bayo (RN), Carlos Bombal
(Unión Demócrata Independiente UDI), Carlos
Caminondo (RN), Sergio Correa de la Cerda (UDI), Andrés Chadwick
(UDI), Ramón Elizalde (DC), José Antonio Galilea (RN), René Manuel
García (RN), José García (RN), Homero Gutiérrez (DC), Vicente
Karelovic (independiente), Cristian Leay (UDI), Roberto León (DC),
Juan Masferrer (UDI), Patricio Melero (UDI), Iván Moreira (UDI),
Joaquín Palma (DC), Darío Paya (UDI), Ramón Pérez (RN), Aldo
Prokurica (RN), Osaín Sabag (DC), Juan Enrique Taladriz (RN) y
Edmundo Villouta (DC). Se abstuvieron los diputados Alberto Espina
(RN), Miguel Hernández (DC) y Francisco Huenchumilla (DC).
UN NUEVO PASO; EL SENADO
En tanto el movimiento homosexual experimentaba
sus propias controversias políticas internas, la histórica
modificación al artículo 365, inciso primero, fue aprobada por la
Cámara de Diputados, pero derivada a una segunda discusión al Senado
de la República, instancia donde se esperaba una fuerte resistencia
a su modificación, considerando su composición altamente
conservadora. El miedo del movimiento homosexual no era sólo por la
presencia de senadores de derecha, sumando a los militares
designados, sino que también a la posición de algunos senadores
democratacristianos de la Concertación que, respecto de ciertos
temas éticos, como la homosexualidad, no se diferenciaban demasiado
de la postura de la derecha más pinochetista.
Efectivamente, la modificación al artículo 365,
inciso primero, fue rechazada en la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, porque, según indica
un informe de esta instancia parlamentaria: La eliminación del
castigo a la sodomía podría entenderse como la misión de una señal
inconveniente a la población, en cuanto sería como oficialmente
aceptable una conducta que es naturalmente desviada, lo que puede
derivar en que más adelante se intente equiparar la pareja
homosexual a la pareja heterosexual, argumentó el voto de mayoría
conservadora.
No obstante, la minoría estimó que por criticable
que pueda ser la homosexualidad desde el punto de vista moral, éste
es un ámbito de la vida privada que no debe ser regulado por el
derecho, que tampoco contempla normas sobre otros tipos de conductas
sexuales, y añadieron que no implica la antesala del reconocimiento
de la pareja homosexual, sino, simplemente, el levantamiento de la
amenaza de un castigo penal que rara vez se aplica, pero que se
constituye en fuente de extorsión.
En septiembre de 1997, la Cámara Baja recibió un
oficio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia del
Senado, dando cuenta de su rechazo a la modificación del castigo a
la sodomía. En la búsqueda de zanjar la disputa entre diputados y
senadores, los parlamentarios constituyeron una comisión bicameral
que dirimió tal diferencia. Los diputados designaron para dicha
entidad a Pía Guzmán de RN y Laura Soto del PPD (quien
posteriormente fue reemplazada por María Antonieta Saa del PPD),
Francisco Bartolucci de RN, (reemplazado por Juan Antonio Coloma de
la UDI), Sergio Elgueta de la DC e Ignacio Walker de la DC.
Los senadores nombraron a los mismos integrantes
de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia del Senado:
Sergio Fernández (senador designado y ex ministro del interior de
Augusto Pinochet), Hernán Larraín (senador de la Unión Demócrata
Independiente UDI) y Miguel Otero Lathrop (senador de Renovación
Nacional RN), más Juan Hamilton de la Democracia Cristiana y el
radical Anselmo Sule.
El 17 de junio de 1998, la Cámara de Diputados
ratificó la modificación del inciso primero del artículo 365 con los
votos favorables de congresistas pertenecientes a los partidos de la
Concertación, incluso demócratas cristianos, sumados a los votos
favorables de Pía Guzmán, Lily Pérez y Baldo Prokurica del partido
de centro derecha, Renovación Nacional. En contraparte, diputados de
los partidos de centro y de la derecha (Renovación Nacional y Unión
demócrata Independiente UDI), sumado a algunos votos de los
diputados más conservadores de la Democracia Cristiana, rechazaron
la modificación del artículo 365 del Código Penal. Se abstuvo el
diputado Cristián Leay (UDI).
El 18 de noviembre de 1998, la comisión mixta
resolvió, cinco votos contra dos, despenalizar la sodomía consentida
entre hombres adultos. Por la despenalización votaron los senadores
Aburto (DC) y los diputados Guzmán (RN), Saa (PPD), Elgueta (DC) y
Walker (DC). En contra del cambio legal se manifestaron los
senadores Díez (RN) y Larraín (UDI).
En conclusión, siendo Eduardo Frei Ruiz – Tagle,
Presidente de la República y María Soledad Alvear Valenzuela,
Ministra de Justicia, fue promulgada la ley 19.617 el 2 de julio de
1999, transformándose en Ley de la República el 12 de julio de 1999.
Desde ese memorable día, la sodomía consentida entre hombres adultos
dejó de ser un delito en Chile, transformándose así en la victoria
política, legal y simbólica más importante en la historia del
Movimiento de Liberación Homosexual en Chile.
Por Víctor Hugo Robles, conocido como el "Che de los
Gays"*
C.
A. 16-07-2009
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