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El 'caso Lamela' ha desatado el miedo a aplicar sedaciones - Sólo un
tercio de los enfermos que precisan cuidados paliativos los reciben
País-.
Empezó siendo el caso Leganés y ha terminado siendo el caso Lamela.
Han pasado casi tres años desde que el consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid Manuel Lamela, del PP, iniciara la persecución
judicial del equipo de urgencias del Hospital Severo Ochoa de
Leganés, con una acusación desmesurada: 400 posibles casos de
homicidio por sedación irregular de enfermos en situación terminal.
La justicia ha
dicho por fin la última palabra. Ni homicidios ni sedaciones
irregulares. Ni siquiera mala práctica médica. La Audiencia de
Madrid ha cerrado el caso dejando claro que todo fue correcto en la
actuación del coordinador del servicio, Luis Montes, y trece
facultativos más. Pero ha dejado un gran poso de dolor: el dolor
moral de los médicos perseguidos, y el dolor físico y moral de
muchos moribundos.
En estos tres años
el consejero Lamela ha cambiado de ocupación -de Sanidad a Obras
Públicas- lo que le permite ahora eludir las consecuencias de su
atrevimiento, pero el equipo de Montes ha quedado desperdigado, la
sanidad pública ha recibido un golpe bajo de consecuencias
imprevisibles y muchos enfermos, tal vez miles, han muerto con dolor
porque sus médicos no se han atrevido a aplicarles la sedación
terminal. En realidad, morir sin dolor sigue siendo en España un
privilegio que no está, ni mucho menos, al alcance de todos los
pacientes.
Podría decirse que
el caso Lamela ha tenido dos efectos graves y un rebote. El primer
efecto lo han pagado los pacientes. Todos los especialistas
consultados coinciden en que, tras la denuncia, muchos médicos
dejaron de aplicar la sedación terminal y otros cuidados paliativos
a enfermos que los necesitan, especialmente en la comunidad de
Madrid, por temor a ser cuestionados o incluso denunciados.
"La sedación pasó
a ser una práctica sospechosa y eso hizo mucho daño", afirma
Fernando Marín, de la asociación En Casa, una entidad sin ánimo de
lucro que proporciona cuidados paliativos domiciliarios y defiende
el derecho a una muerte digna. Esta asociación ha recibido durante
este tiempo el testimonio de muchos familiares desesperados por no
poder aliviar a sus enfermos terminales. "La denuncia provocó un
retraimiento en lo que ya estaba plenamente admitido como una
práctica asistencial correcta. Muchos médicos se lo piensan ahora
dos veces antes de indicar una sedación", corrobora José Exposito,
director del Plan Integral de Oncología de Andalucía y uno de los
impulsores de los cuidados paliativos en esta comunidad.
Lo que ya se
conoce como el efecto Lamela ha privado y sigue privando a muchos
pacientes terminales de una herramienta que no sólo está indicada
sino que constituye una buena práctica médica. La sedación terminal
se aplica a enfermos que no tienen ninguna posibilidad de curación y
han entrado ya en fase de agonía. No administrar la sedación
terminal cuando está indicada supone prolongar la agonía y el
sufrimiento de forma innecesaria. "Es claramente una mala práxis",
afirma José Expósito. Y si se hace además por razones ideológicas,
una inmoralidad. "Cuando han de afrontar la muerte, lo que piden,
tanto los pacientes como los familiares, es no sufrir. Es en lo que
siempre insisten más", añade Fernando Marín.
La minuciosa y a
veces despiadada revisión de las 339 historias clínicas del hospital
de Leganés sometidas a examen ha permitido ver que en realidad el
doctor Luis Montes y su equipo han sido perseguidos por no haber
mirado hacia otro lado. Por haber sido sensibles a un problema que
otros servicios de urgencias prefieren ignorar. Un servicio de
Urgencias no es, desde luego, el mejor lugar para morir, pero tanto
entonces como ahora, muchos pacientes acaban agonizando en estos
servicios porque no tienen unidades de cuidados paliativos en las
que ingresar ni equipos que les atiendan en su casa.
Después de
instaurar el protocolo del ictus, el protocolo de infartos o el
protocolo de traumatología, el doctor Montes instauró en las
Urgencias de Leganés un protocolo para atender mejor a los enfermos
agonizantes. Reservó para ellos un espacio mínimo pero digno y
consensuó con su equipo la forma de aplicar las herramientas de
sedación terminal y los cuidados paliativos. "Ha sido penalizado por
ser una persona sensible y hacer lo que debía", insiste Fernando
Marín.
El segundo efecto
Lamela ha recaído en la propia profesión médica. La denuncia no sólo
ha dejado a su paso un reguero de resquemor profesional que, como la
pólvora, ha tenido efectos morales devastadores, sino que ha sentado
un predecente que antes era impensable: Por primera vez, una
autoridad sanitaria utiliza el poder institucional que le confieren
los ciudadanos para perseguir a un equipo profesional, no por
criterios médicos, sino por oscuras razones ideológicas. "Nunca
hubiéramos pensado que se podía llegar a esos niveles de intromisión
en la práctica asistencial por motivos ideológicos", reflexiona José
Expósito. Por eso, en los actos de solidaridad con los médicos de
Leganés, Lamela ha sido con frecuencia comparado con McCarthy, el
senador norteamericano que montó una monumental fábula para
perseguir a los intelectuales de izquierda.
Muchos han
interpretado la acción de Lamela como un ataque preventivo contra la
posibilidad de que en España se regule la eutanasia, a la vista de
que en los foros de debate ganaba adeptos la propuesta de modificar
el Código Penal para despenalizar la ayuda médica al suicidio en el
caso de enfermos en situación terminal irreversible y sufrimiento
insuperable y siempre que lo pidan con plena consciencia y
libertad.
Otros, entre ellos
el propio Luis Montes, la interpretaron como como una operación de
desprestigiado de la sanidad? pública, destinada a reforzar la
estrategia de privatización de la gestión hospitalaria emprendida
por la Comunidad de Madrid. En un caso de origen tan claramente
político, la politización era inevitable. Pero lo que más mella ha
hecho en la moral profesional, lo más corrosivo ha sido ver la
facilidad con que se podían montar comisiones de investigación y
escrutinio de profesionales para juzgar a otros profesionales fuera
del sistema judicial y por tanto, sin ninguna garantía profesional.
El caso Lemela se convirtió en un juicio profesional paralelo al
judicial.
"Es un precedente
letal. Ningún servicio sanitario soportaría una evaluación tan
sesgada como la que aplicó comité de expertos reunidos por Lamela
para juzgar la práctica asistencial de los médicos de Leganés.
Cualquiera de los miembros de esa misma comisión saldría mal parado
de un escrutinio semejante", afirma Xavier Gómez-Batiste, impulsor
en España de los cuidados paliativos y una de las personas con mayor
autoridad para juzgar la asistencia a enfermos terminales.
Gómez-Batiste será nombrado dentro de unos días director del Centro
Colaborador de Programas Públicos de Cuidados Paliativos de la OMS.
La comisión Lamela
estaba integrada por el oncólogo del 12 de Octubre Hernán Cortés
Funes; el de La Paz Manuel González Barón; el presidente de la
Sociedad Española de Anestesiología, Francisco López Timoneda; el
profesor de Fisiología en la Universidad San Pablo CEU y jefe de
Pediatría de la Fundación Hospital Alcorcón, Bartolomé Bonet Serra;
la psiquiatra Dolores Crespo Hervás, del hospital Ramón y Cajal, y
el inspector médico de la consejería, Isidro Álvarez Martín. Todos
ellos nombrados a dedo por el consejero y actuaron en todo momento
bajo el manto protector del secreto. El mismo Colegio de Médicos de
Madrid se vio rasgado por la enorme tensión del caso Lamela y aún se
lame las heridas.
Aunque el doctor
Montes ha anunciado ahora acciones judiciales contra sus
perseguidores, difícilmente la justicia podría reparar lo que es
irreparable, el dolor innecesario.
Pero el caso
Lamela ha tenido también un efecto rebote: la reacción que ha
provocado ha permitido poner en evidencia las carencias del sistema
sanitario en cuidados paliativos y ha dado lugar a una estrategia
nacional que ahora aplican, con mayor o menor intensidad, las
comunidades autónomas. El caso Lamela mostró que en España la
mayoría de los enfermos morían mal, algunos muy mal. "La sociedad ha
reaccionado y quienes veníamos luchando por extender los cuidados
paliataivos hemos recibido un refuerzo muy importante. Se ha
demostrado que es una de las intervenciones más coste-efectivas, es
decir, que con menos recursos produce mayor beneficio, y ahora se
está haciendo un esfuerzo muy importante", explica José Expósito.
Pero morir sin
sufrir sigue siendo en España una lotería, porque aunque se ha
avanzado mucho en la extensión territorial de los cuidados
paliativos, ni están implantados por igual en todas las comunidades
ni todas las patologías se benefician de ellos. Hasta ahora
prácticamente sólo alcanzaban a los enfermos de cáncer, y ni
siquiera a todos. Se estima que por cada enfermo de cáncer que
necesita estos cuidados, hay 2,5 enfermos de otras patologías
crónicas y degenerativas que también los necesitan.
Xavier Gómez
Batiste se sabe los números de memoria, de tantas veces como los ha
expuesto: cada año mueren en España 100.000 enfermos de cáncer, de
los que 60.000 necesitan cuidados paliativos. Otros 250.000 mueren
por enfermedades crónicas y degenerativas, de los cuales, por lo
menos un 30% necesitan también este tipo de cuidados, aunque si
aplicáramos los criterios más amplios de la OMS, el porcentaje
podría llegar al 60%. Eso significa que entre 150.000 y 200.000
enfermos necesitan en España la atención de un equipo de paliativos.
Pero, ¿cuántos los reciben realmente? Apenas unos 60.000. Y estar
entre los afortunados que pueden morir sin rabiar depende de algo
tan aleatorio como que su comunidad autónoma haya hecho o no los
deberes.
Xavier
Gómez-Batiste divide la "realidad nacional" de los cuidados
paliativos en tres categorías: las comunidades pioneras como
Cataluña, Canarias, Extremadura, Navarra, Baleares o la Rioja, que
tienen una aceptable cobertura territorial con la que atienden a más
de 70% de los pacientes de cáncer y que ahora están extendiendo la
prestación a otras patologías; las comunidades en situación
intermedia, que están haciendo un esfuerzo por aplicar el plan de
paliativos pero aún no tienen una cobertura extensa, como Galicia,
Andalucía, Asturias, Aragón o Murcia, y, en el furgón de cola, las
comunidades que aún presentan graves carencias, como Castilla la
Mancha, Castilla León, País Vasco o Valencia.
En estos casos, ni
siquiera los enfermos de cáncer están cubiertos, aunque algunas de
sus autoridades dicen con frecuencia que tienen el problema
resuelto. "Estos son los que más preocupan, porque eso significa que
no son consciente del tipo de necesidades que tiene su población",
afirma Gómez-Batiste.
"En realidad,
incluso en las más avanzadas, hay aún lagunas que cubrir", indica
Josep Porta, responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos el
Hospital Duran y Reynals. El reto, en estos casos, no es ya sólo
garantizar que todos los enfermos tienen acceso a estos cuidados,
sino que la intervención llega a tiempo. En estos momentos, los
cuidados paliativos se inician, como media, ocho semanas antes de
morir, cuando en los servicios pioneros como el del Duran y Reynals
la media de intervenciones se inicia cinco meses antes.
Gómez-Batiste es
taxativo: "Hace veinte años no tener cuidados paliativos podía
considerarse un problema moral. Hace diez podía considerarse una
negligencia, porque había ya evidencia suficiente de su efectividad
y necesidad. Hoy, carecer de cuidados paliativos debería
considerarse un delito, porque supone negar a los ciudadanos un
derecho fundamental: el derecho a morir sin sufrimiento".
C.
A.
31-01-2008
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