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Malawi es cada vez más inseguro para los homosexuales y transexuales desde que la detención de una pareja de hombres que contrajo matrimonio desató una persecución policial contra gays, lesbianas y transexuales. 

IPS-. La persecución comenzó tras la ceremonia tradicional de compromiso, considerada un matrimonio civil en este país, que celebraron Tiwonge Chimbalanga y Steven Monjeza, foto, el 26 de diciembre en Blantyre, la capital comercial de Malawi.  

La pareja fue arrestada dos días después y permanece detenida desde entonces, a la espera del juicio que podría condenarlos a un máximo de 14 años de cárcel.  

"Iniciamos la investigación porque tenemos información de que hay personas destacadas detrás (de la unión de) Tiwonge Chimbalanga y Steven Monjeza", declaró Dave Chingwalu, el portavoz de la policía de la zona austral de Malawi.  

Varias personalidades, entre ellas legisladores, clérigos y académicos, son consideradas sospechosas en la investigación policial, explicó Chingwalu. La policía no ha divulgado los nombres de las personas buscadas.  

La homofobia en este país del sudeste de África con 14 millones de habitantes, donde la homosexualidad es penada por ley, se agravó en los últimos meses.  

El 9 de febrero, Davis Mpanda, de 29 años, fue hallado culpable de sodomía con un hombre y condenado a 10 años de prisión. La homosexualidad es penalizada por los artículos 153 y 156 del Código Penal con un mínimo de cinco años y un máximo de 14 años tras las rejas. La jueza Diana Mangwana, del tribunal de Lunzu del Sur, en Blantyre, procesó a Mpanda junto a su pareja, un joven de 15 años.  

El muchacho, que tiene la edad mínima para el consentimiento sexual y el matrimonio en Malawi, dijo a la jueza que mantuvo relaciones sexuales consensuadas con Mpanda en cinco ocasiones.  

La corte dejó en libertad al joven, explicando que su castigo será "el trauma psicológico con el cual vivirá por el resto de su vida".  

"Estos delitos son contrarios a los valores morales de Malawi. El procesado es un abusador porque lo que le hizo al joven es corrupción sexual. Se aprovechó del muchacho para complacer sus propios deseos antinaturales", declaró Mangwana en su fallo.  

Otra víctima de la ofensiva antihomosexual de Malawi ha sido Peter Sawali, de 21 años. El 8 de febrero fue procesado y condenado a dos semanas de servicio comunitario por un tribunal de Blantyre por colocar carteles en defensa de los derechos de la diversidad sexual a lo largo de la principal vía de la ciudad, la carretera de Masauko Chipembere.  

"Sawali fue hallado culpable de conducta probable de causar la alteración de la paz", informó Beatrice Mwachande, la portavoz policial en Blantyre.  

Tony Chirwa, de 60 años, fue detenido el 19 de febrero y permanece bajo custodia policial acusado de sodomizar a un hombre de 23 años.  

La ministra de Género, Infancia y Desarrollo Comunitario, Patricia Kaliati, también manifestó su rechazo hacia la homosexualidad. La funcionaria no aceptó con beneplácito la decisión de la justicia que dejó en libertad a una mujer acusada de lesbianismo en el distrito de Mulanje.  

Nellie Somanje, de Mulanje, donde Kaliati es legisladora, fue declarada inocente por el tribunal luego de que fuera acusada de "mantener conocimiento carnal con dos jóvenes" de 15 y 18 años a las que daba trabajo.  

El juez de Mulanje, Lameck Mkwapatira, indicó en su fallo que absolvió a Somanje por falta de evidencia en su contra y porque las jóvenes habían reconocido su consentimiento en la relación sexual.  

Sin embargo, Kaliati acusó al juez de fomentar la homosexualidad y "sentar un mal precedente" para el país. La ministra dijo a los medios de comunicación que desterró a Somanje de la zona y la envió a su "distrito de origen", Mangochi, junto al oriental lago Malawi.  

A las organizaciones de derechos humanos les preocupa la aparente persecución de homosexuales. Esta actitud sólo llevará a este "grupo vulnerable" a la clandestinidad, según Gift Trapense, directora del Centro para el Desarrollo del Pueblo (CEDEP, por sus siglas en inglés).  

Trapense dijo a IPS que la incidencia de VIH (virus de inmunodeficiencia humana) entre los hombres que tienen sexo con hombres es "muy alta", de 21,4 por ciento. Para todo el país el indicador es de 12 por ciento.  

"Ya es un motivo de preocupación que corran un grave riesgo de contraer el VIH. La persecución que organizó la policía es una total violación de los derechos humanos ya que le niegan a las personas homosexuales el derecho de vivir libremente", aseguró Trapense. "Están yendo demasiado lejos con esta cacería de gays y lesbianas".  

Entre tanto, el país espera saber la suerte que correrá la pareja de Monjeza y Chimbalanga, a esta altura conocidos por todos. El juez de Blantyre Nyakwawa Usiwa Usiwa fijó el martes 22 como fecha para presentar su fallo. El caso despertó el interés dentro y fuera de Malawi.  

Las organizaciones de derechos humanos Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y varios legisladores británicos, condenaron el trato que reciben las personas homosexuales en Malawi. Luego de su detención, los dos fueron sometidos a un examen psiquiátrico y a otras pruebas médicas.  

El gobierno de Noruega, uno de los países que donan fondos a Malawi, advirtió al gobierno que respete los derechos de los homosexuales o se arriesgue a empañar sus antecedentes en derechos humanos.  

"Malawi ha hecho grandes avances en materia de derechos humanos pero existe una preocupación específica por la segregación de la comunidad homosexual", declaró en una conferencia de prensa el ministro de Desarrollo Internacional de Noruega, Erik Solheim, de visita en Malawi.  

"En general, el problema homosexual no sólo tiene que ver con los derechos humanos sino también con la protección de minorías como los homosexuales. El estado no debe jamás atentar contra los derechos básicos de los individuos", afirmó Solheim.  

Desde que fueran detenida en diciembre, la ahora famosa pareja gay del país ha visto frustrados sus intentos de recurrir a la justicia.  

Los abogados que representan a Chimbalanga y Monjeza solicitaron al tribunal constitucional que se pronunciara al respecto, con el argumento de que el Código Penal utilizado para arrestarlos viola sus derechos constitucionales a la privacidad, la dignidad, la libertad de expresión y conciencia.  

Pero el principal magistrado del país, Lovemore Munlo, descartó el recurso basándose en tecnicismos legales.

C. A. 17-03-2010 Comenta esta noticia ( indica en el titulo de que noticia estas hablando)