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El día del
discurso de investidura, casi al final, mientras Zapatero hablaba,
me llamó un compañero de Valencia: «¿Lo has oído?», «Si, lo acabo de
oír». Después se me acumularon los mensajes y las llamadas. Yo misma
llamé a varias personas de mi organización y a varios amigos. «¿Lo
has oído?» «...Ha llegado también el momento de poner fin a las
intolerables discriminaciones que aún padecen muchos españoles por
razón de su preferencia sexual. Homosexuales y transexuales merecen
la misma consideración que los heterosexuales y tienen derecho a
vivir libremente la vida que han elegido. Modificaremos el Código
Civil para reconocerles, en pie de igualdad, su derecho al
matrimonio». Por primera vez, el derecho a nuestra igualdad se
nombraba como un asunto de gobierno; ahí estaba. La posibilidad de
la igualdad legal para homosexuales y transexuales, la plena
ciudadanía, aparecía en nuestro horizonte inmediato, entre los
compromisos de un presidente que parece empeñado en cumplir sus
promesas. Por supuesto que la consecución del matrimonio no acabará
con la situación de discriminación social que padecemos gays y
lesbianas de la misma manera que el derecho femenino al voto no
acabó con la discriminación que padecían y aún padecemos las
mujeres; erradicar la homofobia de una cultura profundamente
homófoba requerirá siglos, pero disfrutar de ciudadanía plena, de
igualdad legal, es un paso imprescindible. Me contaba el otro día
una periodista francesa que me hizo una entrevista para el diario
Libération que en Francia se concede una importancia extraordinaria
a la ley de matrimonio civil porque, siendo una de las primeras
leyes emanadas de la Revolución, simbolizaba, entre otras cosas, la
igualdad legal de todos los franceses. Hasta ese momento judíos y
otras minorías no disfrutaban de igualdad en el acceso a esta
institución. El derecho a contraer matrimonio en igualdad se
convirtió, así, en el signo de ciudadanía plena. El matrimonio es un
derecho fundamental recogido y protegido en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y en la mayoría de las Constituciones. Es
una institución milenaria que, sin embargo, ha cambiado
profundamente a lo largo de los siglos. Se ha democratizado y a él
se han ido incorporando grupos sociales privados anteriormente de
éste y otros derechos: los esclavos, los siervos, las mujeres, las
minorías raciales o religiosas, han tenido vetado en algún momento
su acceso al matrimonio en igualdad de obligaciones y derechos.De
hecho, el derecho al matrimonio libremente contraído ha sido uno de
los primeros derechos que se han restringido cuando se ha querido
privar a un grupo de su ciudadanía. Lo hicieron los nazis con los
judíos, se hizo con los esclavos negros recién liberados al prohibir
los matrimonios interraciales, y la evolución del derecho al
matrimonio en igualdad para las mujeres discurre en paralelo a su
lucha por la plena ciudadanía. En este momento, sólo los gays y
lesbianas tenemos prohibido casarnos con las personas que elegimos
sobre la base del amor, la solidaridad y el apoyo recíprocos. Sólo
nosotros y nosotras tenemos prohibido acceder a la firma de ese
contrato que otorga obligaciones, pero también importantes derechos;
sólo nosotros encontramos restricciones para ofrecer a nuestros
hijos esa cobertura legal, el mismo nivel de protección del que
gozan los demás niños. En este sentido, no está de más recordar que
la homosexualidad no es causa de esterilidad, ni impedimento legal
para adoptar, ni para acceder a la inseminación artificial, por lo
que gays y lesbianas tenemos (y tendremos muchos más en el futuro)
hijos e hijas que tienen derecho a vivir en una familia tan
protegida legal y socialmente como cualquier otra.
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La Federación que presido agrupa a la mayoría de
las asociaciones homosexuales y transexuales de este país y hace ya
varios años que abandonó la reivindicación de una ley de parejas de
hecho, por considerarla discriminatoria, y concentró sus esfuerzos
en exigir igualdad legal plena, esto es, matrimonio con todos los
derechos y obligaciones inherentes. Esta estrategia ha dado sus
frutos. Durante todos estos años en los que la derecha ha gobernado
nosotros hemos estado haciendo esa «pedagogía social» de la que
hablaba Zapatero. Hemos tenido que convencer primero a nuestros
propios militantes de que no podíamos pedir otra cosa que no fuera
la igualdad total y absoluta, nada de leyes de segunda para
ciudadanos de segunda; y hemos tenido que convencer también a los
políticos, a los que ha habido que explicar que no vamos a
conformarnos con un sucedáneo. En el camino hemos convencido a la
sociedad, que, mayoritariamente, aprueba nuestra demanda, y que está
tan acostumbrada a encontrarse con todos los términos mezclados en
los medios de comunicación («matrimonio, ley de parejas, ley de
uniones de hecho, registros de parejas ») que, según las encuestas,
una mayoría social cree -y le parece bien- que ya nos podemos casar.
A estas alturas creo que no es necesario repetir que exigimos el
derecho y que asumiremos también los deberes; que exigimos el
derecho, aunque sea para no ejercerlo; exigimos igualdad, como no
puede ser de otra manera.
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En la anterior legislatura, por dos veces se votó
una ley de modificación del Código Civil en materia de matrimonio en
el Congreso de los Diputados y sólo el Partido Popular se opuso.
Partidos nada sospechosos de izquierdistas, como PNV, CiU, o CC ,
votaron a favor. Y estoy segura de que si el Partido Popular,
equivocándose en esto como en tantas cosas, hubiera dejado libertad
de voto a sus diputados, muchos de éstos también se hubieran
pronunciado a favor de dicha modificación. No son pocos los cargos
públicos del Partido Popular que, a lo largo de todos estos años de
trabajo, me han confesado que, si no fuera por la obligada
disciplina, votarían a favor de nuestra igualdad. Porque tienen
hijos que son gays o lesbianas, o primos, o vecinos, o amigos;
porque lo es su chófer, su cocinero o su secretaria, o porque son
demócratas convencidos que piensan que el derecho de ciudadanía no
se le puede restringir a nadie. Y también, por supuesto, porque hay
diputados y diputadas del Partido Popular, y de cualquier otro
partido, que son gays o lesbianas; porque ha habido y hay ministros,
alcaldesas, directores generales, secretarias de Estado gays y
lesbianas. Así lo ha entendido la derecha liberal en los países del
norte de Europa, que no ha tenido ningún problema en asumir que el
matrimonio entre parejas del mismo sexo es una cuestión que atañe al
derecho de ciudadanía democrática. Así lo han entendido también cada
vez más tribunales de justicia en todo el mundo cuando la cuestión
se plantea judicialmente, quizá porque los jueces no tienen tanto
miedo como los políticos a los grupos de presión relacionados con la
jerarquía eclesiástica. Así lo entendió también el Tribunal Supremo
de Massachusetts cuando afirmó en una reciente sentencia algo tan
simple y al mismo tiempo tan revolucionario como que no hay ninguna
razón que justifique excluir a dos ciudadanos de la firma de un
contrato civil en virtud del cual el Estado ofrece beneficios y
exige deberes.
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No quiero terminar este artículo sin recordar
también la promesa de Zapatero respecto a los derechos de las
personas transexuales, derechos que incluyen desde la ley del
derecho a la identidad sexual que vienen reclamando, hasta todo tipo
de medidas que ayuden a estas personas a conseguir la integración
social que necesitan y merecen. Si en el caso de los derechos de
gays y lesbianas se utilizan argumentos morales y religiosos, no hay
absolutamente ningún argumento, que no sea la pura intolerancia, el
fanatismo ciego o el odio hacia el que es diferente para seguir
negando a estas personas el reconocimiento de su dignidad plena. En
mis años de militancia no he conocido personas más valientes ni con
un sentido de la propia dignidad más acusado que las y los
transexuales. Su situación no puede esperar ni un solo día más.
Todos los que creemos en la dignidad de todas las personas, en la
justicia, en la aplicación a la política del sentido común, en el
respeto a la diferencia y en la igualdad, sabemos que el lugar que
esta sociedad ofrece a las personas transexuales es una herida
abierta que tenemos entre todos que cerrar. Sus derechos, así como
los de gays y lesbianas, son derechos de todos y de todas y eso es
lo que parece que nuestros representantes políticos, excepto el
Partido Popular, se están ya tomando en serio. Este año, gays,
lesbianas y transexuales, organizaciones sociales, partidos y
sindicatos, convocaremos, como siempre, manifestaciones con motivo
del Día del Orgullo Gay, lésbico y transexual en muchas ciudades
españolas. Pero este año será diferente, porque nunca hemos tenido
tanta esperanza, tanta ilusión. El lema con el que marcharemos, el
que queremos que se escuche en todo Madrid, en toda España, es el de
«Ahora sí». Ahora sí lo tenemos muy cerca; ahora sí la igualdad está
a la vuelta de la esquina, ahora sí tenemos derecho a ilusionarnos.
Por fin. ¡Ahora sí!
Beatriz Gimeno es doctora en Filología Semítica
y presidenta de la Federación Estatal de lesbianas, gays, bisexuales
y transexuales.
C.
A. 06-05-2004
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