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Síntesis de los informes sobre la situación de
los derechos humanos durante el año 2002 en América Latina, el Caribe y
España incluidos en el Informe de Amnistía Internacional presentado en
Londres:
ARGENTINA: Centenares de manifestantes fueron
detenidos y dos muertos por la policía en lo que parecieron ser
ejecuciones extrajudiciales.
Defensores de los derechos humanos, periodistas y
activistas sociales sufrieron acoso y agresiones. Continuaron los informes
sobre homicidios y malos tratos por parte de la policía. Las leyes que
obstruían las investigaciones judiciales sobre miles de
"desapariciones" cometidas durante la última dictadura
continuaron en vigor. No obstante, el Procurador General de la Nación
apoyó las resoluciones judiciales anteriores que declaraban ambas leyes
inconstitucionales. La decisión última de la Corte Suprema seguía
pendiente al acabar el año.
En octubre, la empresa fabricante de automóviles
DaimlerChrysler constituyó una comisión encargada de investigar la
conducta de Mercedes-Benz y sus directivos en Argentina entre 1975 y 1978
en relación con la "desaparición" de 14 obreros de la fábrica
de Mercedes-Benz en Argentina.
BOLIVIA: Cuatro campesinos perdieron la vida y
varias personas más resultaron heridas en el curso de enfrentamientos
violentos entre campesinos y miembros de las fuerzas de seguridad en la
región de El Chapare. Decenas de sindicalistas fueron detenidos y hubo
informes sobre malos tratos.
Los defensores de los derechos humanos
continuaron sufriendo agresiones y acoso. También resultaron muertos
cuatro miembros de las fuerzas de seguridad en circunstancias
controvertidas; dos de ellos presentaban señales de tortura.
Las condiciones de reclusión en las cárceles
seguían siendo penosas. Se registraron también denuncias de castigos
violentos y abusos sexuales contra reclutas que cumplían el servicio
militar. Continuaron el hostigamiento y las amenazas contra defensores de
los derechos humanos por denunciar abusos y ofrecer su ayuda a detenidos y
miembros de grupos indígenas en el contexto de disputas sobre la tierra.
BRASIL: Miles de personas murieron en
enfrentamientos con la policía, a menudo en situaciones que las
autoridades definieron como "resistencia seguida de muerte". La
policía fue responsable de numerosos homicidios en circunstancias que hacían
pensar en ejecuciones extrajudiciales.
La tortura y los malos tratos seguían practicándose
de forma generalizada y sistemática en comisarías de policía, prisiones
y centros de detención de menores.
Los mecanismos establecidos por las autoridades
para fomentar la presentación de denuncias no produjeron un incremento
significativo del número de torturadores procesados y condenados.
Los defensores de los derechos humanos,
especialmente aquellos que denunciaban la delincuencia organizada, la
impunidad y la corrupción, seguían siendo víctimas de intimidación,
amenazas, agresiones y hasta homicidio, al igual que activistas
campesinos, defensores del medio ambiente y grupos indígenas que luchan
por sus derechos sobre la tierra.
CHILE: Continuaron los informes sobre duras
condiciones de reclusión y malos tratos a reclusos, incluidos menores.
Hubo nuevos enfrentamientos entre la policía y las comunidades indígenas
en el contexto de disputas sobre la tierra, con el saldo de una persona
muerta. Aunque las actuaciones judiciales contra el ex presidente Augusto
Pinochet fueron sobreseídas, prosiguieron otras investigaciones sobre
violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.
En septiembre aparecieron informes en la prensa
según los cuales se estaba reactivando una organización secreta conocida
como Comando Conjunto, acusada de implicación en abusos contra los
derechos humanos cometidos en el pasado, con el objetivo de obstaculizar
las investigaciones actuales.
COLOMBIA: El conflicto armado entre las fuerzas
de seguridad -que actuaban en colaboración con grupos paramilitares- y
los grupos guerrilleros se intensificó tras la ruptura de las
conversaciones de paz con las FARC. Como consecuencia se produjo un
notable deterioro de la situación de los derechos humanos. Más de 500
personas "desaparecieron" y más de 4.000 civiles fueron víctimas
de homicidio por motivos políticos. El desplazamiento forzoso de la
población siguió aumentando vertiginosamente.
Más de 2.700 personas fueron secuestradas, al
menos 1.500 de ellas por grupos guerrilleros y fuerzas paramilitares. La
política de seguridad del nuevo gobierno de Alvaro Uribe Vélez no hizo
sino exacerbar este ciclo de violencia política. Las principales víctimas
de violaciones de los derechos humanos seguían estando entre la población
civil, como los desplazados internos, los campesinos y los miembros de las
comunidades indígenas y afrocolombianas en las zonas de conflicto.
CUBA: Organizaciones no oficiales cubanas
pusieron en marcha diversas iniciativas para pedir mayor apertura y
respeto por los derechos humanos en el país. Las autoridades hicieron en
gran medida caso omiso de estos esfuerzos.
Se dieron algunos casos de hostigamiento a
quienes participaban en ellos. En febrero, un grupo de jóvenes penetró
con un autobús en la embajada de México, al parecer con la intención de
obtener asilo. Los hechos dieron lugar a la detención - aparentemente
preventiva- de varios disidentes, por lo que, al final del año, había más
presos de conciencia que en ningún otro momento del año anterior. Aunque
se dictaron más condenas de muerte, durante 2002 seguía aparentemente
vigente la suspensión no oficial de las ejecuciones. El embargo impuesto
por Estados Unidos a Cuba siguió contribuyendo a crear un clima en el que
se negaba el ejercicio de derechos humanos fundamentales. Las relaciones
de Cuba con algunos sectores de la comunidad internacional mejoraron a lo
largo de 2002.
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ECUADOR: Defensores de los derechos humanos
fueron amenazados y hostigados. Aunque algunas autoridades se pronunciaron
contra la persecución de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, éstos
continuaron sufriendo detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos.
Los miembros de las fuerzas de seguridad sospechosos de cometer
violaciones de derechos humanos seguían siendo investigados y juzgados
por tribunales de la policía que no eran independientes ni imparciales.
La tortura y los malos tratos siguieron practicándose de forma
generalizada. Existían motivos de gran preocupación sobre las
repercusiones del Plan Colombia en Ecuador, especialmente en las zonas
fronterizas. Ante un notable incremento de la delincuencia en la provincia
fronteriza de Sucumbíos, el Ejército desplazó efectivos hacia puestos
militares construidos recientemente a lo largo de toda la frontera.
EL SALVADOR: Se renovaron los esfuerzos en la
lucha contra la impunidad. Pese a que hubo mejoras en la situación de los
derechos humanos durante ese periodo, los responsables de las violaciones
generalizadas de los derechos humanos cometidas a lo largo de los 11 años
de conflicto armado en El Salvador todavía no habían sido procesados,
elemento esencial del proceso de paz.
ESPAÑA: El grupo armado vasco ETA cometió
atentados con bomba y con arma de fuego, ocasionando la muerte de cinco
personas. Hubo numerosas denuncias de torturas y malos tratos a manos de
agentes de la policía y de la Guardia Civil, tanto a inmigrantes y otros
extranjeros como a detenidos en régimen de incomunicación, en su mayoría
presuntos miembros de ETA.
El Comité contra la Tortura de la ONU expresó
su honda preocupación por la práctica de la detención en régimen de
incomunicación. Menores extranjeros no acompañados, la mayoría de
origen marroquí, afirmaron que habían sido maltratados y sometidos a
abusos sexuales en algunos centros de acogida.
Algunos funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley fueron condenados por tortura o malos tratos, incluidos actos de
agresión sexual contra mujeres inmigrantes, pero quedaron en libertad
hasta que se decidiera sobre sus apelaciones.
GUATEMALA: La situación de los derechos humanos
siguió empeorando. Los abusos se dirigieron principalmente contra
personas que intentaban que se cumplieran los acuerdos de paz de 1996 en
sus aspectos relacionados con los derechos de los indígenas, los derechos
laborales y los derechos sobre la tierra, o que trataban de combatir la
impunidad que seguía amparando a los autores de las graves violaciones de
derechos humanos cometidas en los años del conflicto.
Siguieron siendo lentos los avances en el
cumplimiento de los acuerdos de paz. Un oficial del ejército fue
declarado culpable de ordenar una ejecución extrajudicial durante el
conflicto, aunque días después se anularon las sentencias condenatorias
dictadas contra otros tres oficiales del ejército que en 2001 habían
sido declarados culpables de una ejecución extrajudicial. Se recibieron
informes sobre nuevos linchamientos cometidos por ex miembros de patrullas
civiles.
GUYANA: La legislación
"antiterrorista" abrió la puerta a la comisión de violaciones
de derechos humanos. Siguieron imponiéndose condenas de muerte, al acabar
el año había 23 personas en espera de ser ejecutadas, dos de ellas
mujeres. No hubo ejecuciones, una nueva ley amplió el ámbito de aplicación
de la pena capital. Hubo informes sobre homicidios en circunstancias que
hacían pensar en ejecución extrajudicial.
HAITI: Simpatizantes armados del partido
gobernante, Lavalas, fueron acusados de numerosos abusos contra los
derechos humanos. Con la fuga de la cárcel del activista popular Amiot
"Cubain" Métayer, la fuerza policial y el poder judicial
parecieron renunciar a cualquier intento serio de hacer frente a los
simpatizantes de Lavalas acusados de abusos.
El 25 de diciembre, unos hombres armados sin
identificar atacaron a Michäle Montas, viuda del conocido periodista
radiofónico Jean Dominique, y mataron a su guardaespaldas en lo que
pareció un intento de disuadir al juez que investigaba la muerte de Jean
Dominique de publicar un informe completo y exhaustivo de sus
conclusiones. Otro motivo de preocupación fue el número de
"desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales registrado en el
año.
La postergación de las elecciones acordadas para
2003 provocó un estallido de violencia generalizada entre los seguidores
de los distintos partidos.
HONDURAS: Decenas de niños y jóvenes resultaron
muertos en circunstancias que apuntaban a que habían sido ejecutados
extrajudicialmente. Según Casa Alianza, organización no gubernamental
que trabaja con niños de la calle, desde 1998 se ha dado muerte a unos
1.500 niños y jóvenes, 556 de ellos sólo en 2002. Persistían los
abusos contra los defensores de los derechos humanos. Hubo informes según
los cuales agentes de policía hicieron uso excesivo de la fuerza contra
manifestantes. El nuevo gobierno del presidente Ricardo Maduro llegó a
diversos acuerdos con organizaciones de derechos humanos, por los que las
autoridades se comprometieron a examinar violaciones de derechos humanos
cometidas en la década de los ochenta, entre ellas más de un centenar de
"desapariciones".
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MEXICO: El gobierno renovó su compromiso con la
protección y promoción de los derechos humanos dentro y fuera del país.
Sin embargo, hubo informes generalizados sobre detenciones arbitrarias,
torturas y malos tratos en todo México. Se recibieron nuevos informes
sobre amenazas y campañas de desprestigio contra defensores de los
derechos humanos en diversos Estados. Hubo diversos informes sobre
ejecuciones extrajudiciales y al menos una "desaparición". Fue
puesto en libertad el general brigadier José Francisco Gallardo, preso de
conciencia durante más de ocho años. Las comunidades indígenas seguían
siendo víctimas de marginación y violencia. Se ratificaron 13 tratados
internacionales, aunque una reserva formulada a la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas reforzó la
impunidad.
NICARAGUA: Defensores de los derechos humanos y
autoridades públicas sufrieron agresiones y amenazas. La Policía
Nacional hizo uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. Los intentos
de perseguir la corrupción, uno de los principales compromisos del nuevo
presidente Enrique Bolaños, dieron lugar a una crisis política.
Las investigaciones realizadas sobre casos de
corrupción permitieron presentar cargos contra Arnoldo Alemán y otros 13
individuos, entre otros por malversación de fondos públicos, fraude y
blanqueo de capitales. En septiembre, la juez Juana Méndez falló en
contra de la mayoría de los acusados, incluido Alemán, y dictó penas de
cárcel.
Las condiciones extremas de pobreza, agravadas
por el desempleo en el sector agrícola, causaron la muerte de decenas de
niños y adultos por desnutrición. Las autoridades no respondieron con
rapidez a las necesidades de los campesinos, especialmente en el norte del
país.
PARAGUAY: Se recibieron informes sobre uso
excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra
manifestantes opuestos al gobierno, así como informes sobre tortura y
malos tratos a detenidos.
Los intentos de hacer avanzar las investigaciones
sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado apenas
dieron resultados.
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PERU: Hubo informes sobre tortura y malos tratos.
Los responsables no comparecieron ante los tribunales. Detenidos que habían
sido falsamente acusados de delitos relacionados con el
"terrorismo" en años anteriores seguían privados de libertad.
Continuó vigente la legislación "antiterrorista" que había
dado lugar a juicios sin las debidas garantías desde su promulgación en
1992. Los casos de miembros de las fuerzas de seguridad acusados de
violaciones de derechos humanos seguían transfiriéndose a tribunales
militares. Dos personas murieron en circunstancias que parecían indicar
que las fuerzas de seguridad habían empleado fuerza excesiva para
dispersar a los manifestantes contra la política gubernamental de
privatización de servicios públicos. Al parecer, pequeñas unidades del
grupo armado Sendero Luminoso continuaron actuando en valles fluviales
aislados de la jungla amazónica.
Presuntos miembros de este grupo armado fueron
acusados de la matanza de nueve personas cerca de la embajada de Estados
Unidos en Lima días antes de la visita presidente estadounidense George
W. Bush en abril.
PUERTO RICO: Personal de la armada estadounidense
utilizó pulverizadores de pimienta contra manifestantes en varios sucesos
distintos, entre ellos protestas por el uso militar de la isla de Vieques.
Autoridades puertorriqueñas solicitaron una investigación, que fue
emprendida por el Departamento de Justicia estadounidense.
El Senado de Puerto Rico estaba sometiendo a
revisión la legislación que prohibía las relaciones sexuales de mutuo
acuerdo entre personas del mismo sexo.
REPUBLICA DOMINICANA: El número de homicidios
cometidos por la policía y el ejército en circunstancias controvertidas
descendió ligeramente tras el nombramiento de un nuevo jefe de la Policía
Nacional. Sin embargo, continuaron los informes sobre esta clase de
homicidios.
SANTA LUCIA: Se recibieron informes sobre
brutalidad y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Al menos
una persona fue condenada a muerte y, al acabar el año, seguía en esa
situación.
SURINAM: La impunidad por los homicidios
cometidos bajo el régimen militar seguía siendo motivo de gran
preocupación. Varios sucesos parecieron indicar que la policía había
hecho uso excesivo de la fuerza.
TRINIDAD Y TOBAGO: Siguieron dictándose condenas
de muerte, pero no se llevaron a cabo ejecuciones. Al terminar el año había
al menos 4 mujeres y 80 hombres condenados a muerte. Continuaron los
informes sobre tortura y malos tratos a manos de la policía, y los abusos
bajo custodia siguieron siendo motivo de honda preocupación. Las
condiciones de reclusión constituían trato cruel, inhumano y degradante.
URUGUAY: La práctica totalidad de los casos de
violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado continuaron sin
resolverse.
Los reclusos del Penal de Libertad protagonizaron
una serie de disturbios para reivindicar mejores condiciones. A raíz de
las protestas, algunos presos fueron trasladados a otras prisiones.
Organizaciones de derechos humanos afirmaron que,
tras los disturbios, cuatro presos aparecieron muertos en el Penal de
Libertad y uno en el Complejo Carcelario Santiago Vázquez. Al parecer,
las autoridades afirmaron que algunos de los fallecidos se habían
suicidado y otros habían muerto como consecuencia de "ajustes de
cuentas" entre los propios reclusos. En abril, los informes indicaban
que un total de 12 reclusos habían aparecido muertos en diversas cárceles
del país.
VENEZUELA: Al menos 50 personas perdieron la vida
y muchas más resultaron heridas en el contexto del intento de golpe de
Estado organizado en abril para derrocar al presidente Chávez. A pesar de
las serias deficiencias de la investigación, a fin de año al menos cinco
seguidores del presidente Chávez estaban recluidos en espera de juicio y
se habían dictado órdenes de detención contra otros cuatro.
También existían cargos contra ocho agentes de
la Policía Metropolitana, aunque éstos continuaban en libertad. Persistían
las dudas sobre el posible papel desempeñado por francotiradores no
identificados que habían disparado desde los pisos superiores de un
edificio céntrico, sobre las violaciones de derechos humanos cometidas
entre los días 12 y 14 de abril, y sobre la responsabilidad de la cadena
de mando. La polarización política, la violencia y los reiterados
rumores de golpe militar aumentaron la inestabilidad y amenazaron con
ocasionar más abusos graves contra los derechos humanos. Se recibieron
informes generalizados sobre homicidios cometidos por la policía en
varios Estados. Hubo varios casos de amenazas y agresiones contra
periodistas y simpatizantes de la oposición. En varias ocasiones las
fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza para dispersar a
los manifestantes. Al menos tres dirigentes campesinos fueron asesinados.
El sistema de justicia penal no dio una respuesta adecuada a estos crímenes,
debilitando así el Estado de derecho. Se recibieron varios informes sobre
tortura y malos tratos a presuntos delincuentes. Hubo preocupación por la
difícil situación de los refugiados que huían de la escalada del
conflicto en Colombia.
C. A. 30-05-2003 Comenta
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